A nova lei de autónomos pode servir para encubrir contratos ilegais

A Xunta Executiva Federal da Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP), da que forma parte o Sindicato de Xornalistas de Galicia, manifesta a súa preocupación por que a nova Lei do Traballo Autónomo poida ser utilizada por algunhas empresas de medios de comunicación para reducir os contratos temporais dos seus persoais e transformalos en autónomos.

Existe o risco de que os empresarios aproveiten esta norma para manter a moitos xornalistas en situación de fraude de lei como falsos autónomos.

Transparencia nas subvencións
Igualmente, e tras as últimas eleccións, a FeSP esixe ás administracións públicas unha total transparencia na adxudicación de calquera tipo de axuda, subvención ou contrato aos medios de comunicación.

Estas colaboracións non deben concederse ás empresas que incumpran as súas obrigacións laborais e non teñen que ser utilizadas para comprar medios de comunicación, senón para contribuír a que os cidadáns reciban unha información veraz e plural.

Reforma dos medios públicos
A FeSP tamén reclama as reformas legais necesarias nos medios públicos autonómicos na liña da próxima Lei da Corporación Catalá de Medios Audiovisuais (CCCMA) e da nova Lei da Radiotelevisión Andaluza.

Esta reforma é especialmente urxente no caso da Radiotelevisión de Baleares, onde os partidos do novo Goberno autonómico han de cumprir os compromisos adquiridos e posibilitar que IB-3 sexa unha televisión realmente pública, incluíndo a xestión directa dos seus servizos informativos

Oposicións en RTVE
Para rematar, a Xunta Federal lamenta que na convocatoria de aspirantes á categoría de informadores de RTVE non se valore a titulación en Xornalismo ou Ciencias da Comunicación, ou se faga ao mesmo nivel que outras titulacións universitarias.

Mas información para los comités de empresa

LAS COMPAÑÍAS DEBERÁN INFORMAR CADA TRES MESES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores ya se adelantaba a la directiva comunitaria del 2002 sobre el marco general de relativo a los derechos de información y consulta de los comités de empresa. Sin embargo, el Gobierno ha aprovechado su transposición para reforzar este principio e intentar que todas las empresas lo cumplan.

La reforma ha sido elevada a consulta a los agentes sociales y se ha llegado a un acuerdo. Los secretarios de acción sindical de UGT y CCOO, Antoni Ferrer y Ignacio Fernández Toxo, coinciden en que, hasta ahora, pocas sociedades españolas, salvo las más grandes y las que fueron públicas, cumplen con la obligación de facilitar información trimestral al comité sobre la situación económica de la empresa, la evolución futura de sus actividades, el programa de producción y ventas, la situación económica, los procesos de fusión, absorción o modificaciones del estatus jurídico de la compañía y otras cuestiones que estipula el Estatuto de los Trabajadores. "La mayoría se limita, con reticencias, a ofrecer datos sobre contratos, plantilla y planes de formación", dice Ferrer.

La ley reforzará el derecho de los comités a recibir la misma información que la dirección entrega a los socios incluso sobre estrategias presentes y futuras. También obligará a que ambas partes trabajen juntas con "espíritu de cooperación" y remacha el derecho de los comités a emitir informes en base a la información recibida ante la toma de decisiones del empresario.

Durante la elaboración del anteproyecto de ley, las patronales exigieron quedar exentos de ofrecer información sobre lo que pudiera constituir secreto industrial, financiero o comercial o que pudiera ocasionar graves perjuicios a la estabilidad de económica de la empresa. La nueva norma ha aceptado esta exigencia patronal pero solo con carácter excepcional y siempre que los datos "no tengan relación con el volumen de empleo de la empresa", con lo que prácticamente queda desvirtuada esta salvedad.

Para poder elaborar estos informes, el anteproyecto establece que la información debería ser facilitada "en un momento, de una manera y con un contenido apropiado" para favorecer al comité un examen adecuado. Las consultas deben establecerse en reuniones con el empresario y permitir obtener una respuesta, una negociación o un intercambio de opiniones.

El texto refuerza el deber de sigilo, sin imponer las sanciones a los comités que exigía la patronal en caso de filtraciones. Prohíbe que los miembros del comité y los expertos que los asistan, incluso cuando hayan dejado su mandato, puedan utilizar fuera de la empresa esa información.

Toxo y Ferrer explican que este es solo un primer paso para que los comités participen activamente en el gobierno de las empresas con su presencia en los consejos de administración o en órganos paritarios. "Esto es lo único que permitirá abrir la llave de la flexibilidad laboral en las empresas", advierten.

14 Noviembre 2006

La FeSP DENUNCIA QUE REPORTEROS SIN FRONTERAS DEFIENDE LOS INTERESES DE LOS EMPRESARIOS EN EL DEBATE SOBRE LA LEY AUDIOVISUAL

La FeSP entiende que RSF defiende las tesis de los sectores más ultraliberales de la profesión en contra de las organizaciones que defienden la independencia de los periodistas

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) lamenta profundamente el comunicado que Reporteros Sin Fronteras (RSF) que ataca la Ley del Audiovisual catalana y considera que con esa actitud va contra la defensa del derecho a la información de la ciudadanía.

La FeSP denuncia que el RSF se ha puesto claramente al lado de las tesis que defienden los grandes grupos mediáticos de comunicación y los sectores más ultraliberales de la profesión al negar la existencia de un organismo con unas prerrogativas para hacer efectiva la protección del derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y de calidad.

La FeSP considera que RSF recae en los argumentos erróneos con que se manifestara contra el Estatuto del Periodista Profesional y quiere entender que son fruto de la desinformación. Sin embargo, resulta sorprendente que RSF se desmarque de la decisión de la inmensa mayoría de las organizaciones de periodistas reunidas en el Foro de Organizaciones de Periodistas en una clara incomprensión de la realidad de nuestra profesión.

La FeSP emplaza a RSF a mostrarse también en España como una organización que defiende el derecho a la información y que la encomiable tarea que realiza en muchas partes del planeta la cumpla también en los países más desarrollados dónde la censura, la manipulación informativa y las agresiones a los periodistas tienen formas menos violentas pero igualmente efectivas para silenciar las voces de los profesionales de la información y limitar su independencia.

La FeSP reitera que no sólo apoya la Ley del Audiovisual catalana sino que alienta al Congreso de los Diputados a que haga una normativa estatal similar y que apruebe cuanto antes el Estatuto del Periodista Profesional y promulgue la Ley de Derechos Laborales de los Periodistas que se les ha solicitado reiteradamente. Esos proyectos son los destinados a poner a España al nivel de las democracias más adelantadas y a recuperar la dignidad de la profesión.

26 de enero de 2006

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) está integrada por: Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), Sindicato de Profesionales de la Información de la Rioja (SPIR), Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) y Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC).

LAS ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DEFIENDEN LA LEY DEL AUDIVISUAL DE CATALUNYA

El Foro de Organizaciones de Periodistas sale al paso de la cadena de ataques que desde ámbitos interesados se dirigen contra la aprobación de la Ley Audiovisual de Cataluña, que dota de más competencias al Consejo Audiovisual catalán, acercándolo al modélico Consejo Superior del Audiovisual francés; especialmente en lo relativo a la capacidad de conceder y revocar licencias, competencias que hasta ahora, eran del Gobierno, y de sancionar el incumplimiento de la ley. Las mismas voces se levantan contra el proyecto de Ley del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que dotaría a España de un órgano similar; de forma que dejaría de ser el único país de la Europa Comunitaria en carecer de él.

Estas reacciones furibundas y con acusaciones tan inconsistentes como las de “resucitar la censura franquista” o de “intromisión de los gobiernos en los contenidos”, cuando se trata justamente de lo contrario, son simétricas a las lanzadas contra el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional. Un instrumento que permitirá la regulación de los derechos y deberes de los profesionales para proteger el derecho constitucional a una información veraz y vigente también en la mayoría de países de nuestro entorno.

En el caso de la regulación del audiovisual, que limitaría los excesos y abusos como los que se cometen con las franjas publicitarias y la programación soez en horarios infantiles, muchos de los que hoy se oponen a ella antes habían resaltado las excelencias del modelo de consenso del CAC. Claro está, mientras se limitaba a meras recomendaciones, y no ejerciera funciones de vigilancia ni su potestad de sancionar..

En éste, como en el terreno de la regulación del periodismo profesional, los críticos a los Consejos Audiovisuales o de la Información quieren ignorar que estos organismos forman parte del paisaje de un entorno democrático. Sus insultantes acusaciones de franquismo, no hacen más que exponer su falta de argumentos y de seriedad.

El FOP, como organización unitaria de la mayoría de las organizaciones sindicales y profesionales de los periodistas de toda España, se reafirma en su defensa de los procesos de reforma democrática del sector audiovisual como la nueva Ley de RTVE y las de las RTV autonómicas, la creación de Consejos Audiovisuales, y la aprobación de los proyectos de Estatuto del Periodista Profesional, en trámite en el Congreso, y de una necesaria Ley de Derechos Laborales de los Periodistas, complemento indispensable de la anterior ya que las condiciones laborales de los informadores condicionan sus posibilidades profesionales de defender el derecho a la información.

El Foro de Organizaciones de Periodistas está integrado por la Agrupación General de Periodistas de UGT, la Agrupación de Periodistas de CCOO, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colexio de Xornalistas de Galicia, y la Federación de Sindicatos de Periodistas.