UPCC denuncia la desprofesionalización del periodismo en Canarias

POR LA VORACIDAD DE LOS EMPRESARIOS

En los últimos meses esta organización ha venido recogiendo datos, ejemplos y denuncias de los trabajadores que perciben y sufren esta tendencia en muchas empresas informativas de Canarias. Detrás de este fenómeno no hay otra razón que no sea la voracidad económica de algunos empresarios de la comunicación. Las consecuencias de estas prácticas ya son evidentes entre los trabajadores de la comunicación, pero este problema también debe preocupar a la sociedad canaria, puesto que la oferta informativa de la que dispone tendrá una menor calidad.

A la ya creciente precariedad laboral del sector definida por la ausencia de contrataciones, abuso de la figura de los colaboradores, incumplimientos de la legislación laboral y explotación de becarios en las redacciones con la permisividad de las universidades; se unen ahora los intentos para imponer una abusiva polivalencia de funciones entre las distintas categorías profesionales existentes en los medios de comunicación de Canarias.

En esta dirección UPCC critica abiertamente la intención de solapar categorías profesionales como las de operadores de cámara, fotoperiodistas o redactores. Esta situación se concreta cuando se pretende que, por ejemplo, los redactores de los medios de comunicación, además de su labor habitual, se dediquen a utilizar, al mismo tiempo, cámaras de fotografía o de vídeo digital. También se produce esta situación cuando se exige a los fotógrafos que junto a su equipo carguen y utilicen cámaras de vídeo. De esta manera, por un mismo, y ya bajo salario, se asumirían tres trabajos o funciones, y esto está empezando a ocurrir en empresas de prensa, radio, televisión y medios digitales. Los efectos inmediatos al aceptar estas prácticas serán la reducción de las plantillas de los medios de comunicación y la rebaja considerable del producto que se ofrece a los ciudadanos canarios.

Este sindicato hace un llamamiento a los profesionales de la comunicación para que no acepten estas imposiciones, que les afectan, en primer lugar a ellos mismos y, como efecto inmediato, a los compañeros de otras categorías laborales que pueden quedarse sin trabajo. Resulta fácil de entender que también deberían expresar su oposición a estas prácticas las organizaciones sociales, ciudadanas y políticas del archipiélago, además de otras fuerzas sindicales. Lo que está en juego no sólo es el empleo, también la calidad de la información que recibe la sociedad, un elemento vertebrador y formador de opiniones fundamental para la democracia.

TV Canaria, "sinerxía público-privada" contra os traballadores

A intransixente e autoritaria resposta dos responsables, privados e públicos, da Televisión Canaria á elemental reivindicación dos traballadores de acabar coa súa importante diferenza salarial (cobran un 30% menos que os doutras cadeas autonómicas), está atrancando un conflito laboral que podía e debía terse resolto na mesa de negociación.

É xusto o que, ante os oídos xordos empresariais, seguen reclamando os empregados tras cinco xornadas de folga con éxito e un dobre peche pacífico nos estudios de Gran Canaria e Tenerife, este xa concluído cun desaloxo policial.

Para a Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP), o conflito da TV Canaria é un lamentable exemplo da sinerxía público-privada mal entendida, ao servizo do Goberno de quenda e en contra dos traballadores.

A cerrazón dos directivos da produtora Sociedade Canaria de Televisión Rexional (Socater), empresa participada polo Grupo Prisa que se encarga dos Servizos Informativos da cadea autonómica, levou a unha ruela sen saída a negociación do convenio colectivo. E a condescendencia e complicidade do Ente Público RTV Canaria con esa compañía concesionaria fixo o resto.

Segundo denuncias sindicais, o seu director xeral Daniel Cerdán preocupouse máis de levantar un “muro de silencio” nos medios sobre o conflito, que de mediar entre as partes para porlle fin e garantir o dereito á información da poboación insular.

Ante esta situación, que a empresa e as autoridades rexionais deixaron ?podrecer? ata as mesmas vésperas electorais, a FeSP fai un chamamento ás carreiras e/ou aos candidatos autonómicos para que:

1. Renóvense de inmediato as negociacións sobre o convenio colectivo.
2. Socater presente unha proposta seria que permita desbloquear o diálogo interrompido.
3. A compañía privada e o Ente Público asuman un compromiso firme e explícito para recortar progresivamente a diferenza salarial do persoal da TV Canaria respecto doutras cadeas públicas de ámbito rexional.

As claves do conflito
Os soldos dos traballadores e traballadoras da Televisión Canaria están un 30% por baixo da media dos seus colegas doutras cadeas autonómicas.

Os sindicatos piden recortar esa diferenza en 9 puntos en tres anos. A ese ritmo, e sen contar posibles subidas noutras cadeas, a equiparación tardaría dez anos.

A empresa só ofrece acurtar a desvantaxe nun punto anual, o que esixiría polo menos 30 anos para igualar os salarios.
Os traballadores da TV Canaria reclaman a redución do emprego precario que, sen causa obxectiva mantén a medio centenar de compañeiros con contratos eventuais.

Tamén demandan unha semana laboral de 38 horas e mellores condicións de traballo.

Los trabajadores de la Televisión Canaria mantienen la huelga y no cubren la jornada electoral

EL GOBIERNO NO ASUME SU RESPONSABILIDAD

La plantilla responsabiliza al Gobierno de Canarias por mantenerse al margen en un conflicto que afecta al derecho a la información de los ciudadanos de esta tierra. Las negociaciones mantenidas entre el comité de huelga y los representantes empresariales terminaron, una vez más, sin acuerdo debido a la distancia que aún separa a las partes.

Los trabajadores solicitan una reunión urgente del Consejo de Administración del Ente Público de la Radio Televisión Canaria que hasta el momento no ha cumplido con el papel que le toca en este conflicto. Para complicar la situación desde el ente público, y con el dinero de todos los canarios, se va a contratar a productoras televisivas para que traten de informar a los ciudadanos durante la jornada electoral.

Además de la dudosa legalidad de esta acción, los sindicatos consideran esta subcontratación como un despilfarro del presupuesto público, ya que se acaba pagando dos veces por un mismo servicio, salvándole la cara a una empresa participada por el Grupo PRISA, que mantiene este conflicto laboral desde hace semanas.

En este afán por desbloquear el conflicto, los trabajadores han propuesto que el nuevo convenio tenga una duración de tres años con un incremento del 7,5 por ciento más el IPC, cuando su anterior propuesta era del 9 por ciento. Sin embargo, la empresa se queda en una propuesta del 5,4 por ciento y, además, introduce como condiciones no negociables cuestiones relativas al trabajo de los profesionales poniéndoles al nivel de las televisiones locales.

Socater también pretende aumentar la movilidad funcional de los trabajadores para que los operadores de cámara también realicen funciones como operadores de imagen o ayudantes de realización. Otra de las exigencias empresariales se centra en que cámaras y redactores vuelvan a asumir la conducción de las unidades móviles para hacer su trabajo, algo que ya se había resuelto hace años, y que ahora la empresa mantiene contratando un servicio de taxis.

Respecto a la reducción de la jornada laboral la empresa propone que se baje en 24 horas anuales cuando se cumpla el tercer año del convenio, algo insólito, y más difícil de entender cuando los trabajadores plantean una reducción de la jornada de dos horas para que acabe siendo de 38 horas semanales.

La gravedad de la actual situación provoca que, por primera vez desde que se creara la Televisión Canaria, el seguimiento informativo especial y completo de una jornada electoral, lesionándose así un derecho fundamental de los ciudadanos a disfrutar de un servicio público que pagamos entre todos

UPCC rechaza las presiones de un alcalde a un periodista para que revele sus fuentes

El sindicato defenderá al compañero en los ámbitos legal y profesional

Esta organización sindical defenderá el derecho a no revelar las fuentes de información de los profesionales de la comunicación, una facultad que emana del derecho a la libertad de expresión así como el derecho a la información protegidos ambos por la propia Constitución Española, y solicita al alcalde que cese en su campaña de acoso contra este periodista y el medio de comunicación que lidera. En estos momentos el alcalde, avalado por su grupo de gobierno en La Frontera, ha decidido pedir ante el juzgado de Valverde, que se revele el nombre del autor de esta opinión publicada en el diario digital y que se refiere a cuestiones urbanísticas en este municipio.

La carta que ha provocado esta reacción del alcalde fue publicada el pasado 16 de junio en este periódico digital y trata asuntos de materia urbanística que han despertado el interés informativo de una buena parte de la sociedad herreña. Las pretensiones del máximo representante de este municipio nos retrotraen a épocas pasadas en las que poco importaban los derechos de los ciudadanos y mucho menos los de los periodistas en particular.

Sergio Gutiérrez se ha mantenido firme en su defensa del derecho a la información y la libertad de expresión a pesar de las llamadas telefónicas y presiones a las que ha sido sometido por este alcalde perteneciente al Partido Popular (PP). UPCC no descarta emprender otro tipo de acciones si Pedro Luis Casañas persiste en esta actitud contra los derechos de un profesional de reconocida trayectoria en la isla de El Hierro.

UPCC reclama a las televisiones públicas canarias que mejoren las condiciones laborales de sus coresponsalías

La subcontratación de los informativos genera casos de explotación laboral

La actual subcontratación de los servicios informativos a productoras privadas está provocando casos de explotación laboral, así como una escasa cobertura informativa derivada de la falta de medios adecuados para ofrecer una correcta información, por ejemplo, a los ciudadanos de las islas no capitalinas.

Los redactores y cámaras de televisión, que trabajan en este tipo de productoras proveedoras de material informativo a TVE-Canarias y a la Televisión Canaria, desarrollan sus tareas de la manera más profesional posible mientras soportan bajos salarios, asumen plena disponibilidad siete días a la semana y 24 horas al día e incluso ponen sus vehículos privados al servicio de la empresa.

Además de la vertiente laboral los máximos responsables de estas cadenas de televisión, de carácter público no lo olvidemos, deben velar por la difusión de una información con la máxima calidad posible, teniendo en cuenta las distintas sensibilidades existentes en cada una de las islas del archipiélago y tratando de reflejar la variedad y riqueza de las tradiciones canarias.

Ahora bien en ese esfuerzo no se pueden regatear recursos o ignorar muchos de los acontecimientos de nuestro pueblo que acaban siendo silenciados por la reducida apuesta con la que se pretende conectar informativamente nuestro archipiélago.

UPCC, que ya agrupa a más de 180 profesionales de la comunicación en todo el archipiélago canario, considera que está en juego no solo la dignidad de unos trabajadores que soportan estas nefastas condiciones laborales, si no que también quedan en el aire las obligaciones informativas que deben asumir los medios de comunicación de titularidad pública con los ciudadanos de las siete islas.

Esta organización sindical, en su lucha por lograr unas mejores condiciones de trabajo para los profesionales de la comunicación de Canarias se pone a disposición de los compañeros y compañeras para asesorarles en lo consideren oportuno.

(22-07-2005)